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El Gobierno Central limita las inversiones municipales, también en Velilla

En Velilla de San Antonio llevamos años sin capacidad económica para llevar a cabo inversiones municipales que intervengan efectivamente en las necesidades básicas de los vecinos y vecinas, incluso para llevar a cabo un elemental mantenimiento de infraestructuras o el patrimonio municipal. Hasta ahora la excusa era la crisis, no hay dinero. Pero desde 2013 la causa es muy diferente.

Según el gobierno de Mariano Rajoy llevamos años de recuperación imparable, reduciendo el déficit que nos imponen desde la UE, pero la realidad es que los presupuestos municipales se mantienen congelados, en niveles de hace una década. En esta situación es difícil abordar inversiones importantes, la mejora de servicios que actualmente están en precario, o la puesta en marcha de nuevos servicios. La explicación es relativamente sencilla: una ley obliga desde 2013 a los ayuntamientos a cargar con el peso de reducir el déficit público del Estado a costa de impedirles hacer uso del superavit que sean capaces de generar en su gestión.

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de ese acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda frente el empleo de los recursos en atender las necesidades de la ciudad y sus habitantes. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la llamada “Ley Montoro”, que impide el despegue financiero de los ayuntamientos. La principal novedad de esa Ley es la Regla de Gasto, que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, que obliga a destinarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es el principio de que los intereses de los bancos son prioritarios frente a los ciudadanos.

A finales de 2016 en Velilla de San Antonio teníamos una deuda viva (deuda total) de 3,34 millones de euros, un 43% menos de la deuda que había tan solo año y medio antes. Gran parte de este esfuerzo para reducir la deuda procede del superávit presupuestario (la diferencia entre ingresos y gastos finales). En otros tiempos, y en otros países de la UE en la actualidad, el superávit se destinaba en gran parte para atender nuevas necesidades, nuevas inversiones. Ahora no es posible en los ayuntamientos. Sin embargo el Gobierno Central o las Comunidades Autónomas si pueden incumplir el déficit o aprovechar sus superávit. Los ayuntamientos hemos sido elegidos para pagar la factura del Estado y los vecinos las víctimas propicias a sacrificar.

Los Gobiernos locales en el conjunto del Estado suponen un porcentaje de deuda pública casi insignificante, siendo menos del 5 por ciento del total. En cuanto al déficit de las administraciones públicas, las corporaciones locales cerraron 2014 con un superávit en sus cuentas públicas del 0,5% del PIB. Esta situación de superavit se repitió en 2015 con un 0,44%, frente a los déficit del 1,66% de las autonomías y del 2,15% de la Administración central.

Todas estas limitaciones están claramente inspiradas por la ideología neoliberal, enemiga jurada del “estado social y democrático de derecho” enunciado en la Constitución de 1978. Y no son nuevas: en el año 2002 el gobierno de Aznar redujo hasta su mínima expresión uno de los impuestos municipales más importantes por entonces (el Impuesto de Actividades Económicas), de forma que la recaudación fiscal de las entidades locales sufrió un duro golpe. Desde entonces no hemos levantado cabeza, exceptuando los “años locos del saqueo urbanístico” en el que muchos ayuntamientos (también el de Velilla) llenaron sus arcas con licencias y operaciones urbanísticas.

Lo cierto es que estamos encorsetados, que los presupuestos se repiten con pocas modificaciones todos los años, que se mantiene el gasto por habitante. Ni siquiera el Ayuntamiento puede contratar nuevo personal (policías municipales, por ejemplo). No importa que se trate de instituciones que reducen su deuda original, que tienen superávit. En el supuesto de que la “Ley Montoro” no existiera, habría sido posible reducir la deuda y, al mismo tiempo, aportar nuevos recursos para abordar inversiones o para mejorar servicios. En Velilla de San Antonio habríamos dispuesto de más de 2,5 millones en tan sólo año y medio, una cantidad muy importante y sin aumentar la deuda. Estamos ante una legislación que deprime la economía y ataca el bienestar de la mayoría social.

Para compensar estas limitaciones los ayuntamientos recurren a diversas operaciones periféricas. La más importante es el Programa de Inversión Regional (el plan PRISMA). A través del que se intentan aportar fondos para inversiones con destino a proyectos concretos (pulsar en “asuntos municipales” para acceder a los aprobados para 2017-2019), destinando un 25% del total del importe solicitado a gastos corrientes (inversiones). Entre 2017-2019 ese porcentaje corresponde a poco más de 300.000 euros anuales (consultar acta del acuerdo adoptado). Cantidades que son claramente insuficientes para las necesidades de una localidad de 12.000 habitantes.


Más  información:

Límites al endeudamiento en las Entidades Locales
Moción sobre la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Aprobada en el pleno de 26-4-2017

Moción contra la “Ley Montoro”. Aprobada en el pleno de 29-3-2017