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Las transmisiones de inmuebles no tributarán “plusvalía” si no hubo incremento patrimonial

El pasado 11 de mayo el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional algunos de los artículos de la Ley de Haciendas Locales, aquellos que regulaban el cálculo del  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (habitualmente llamado “Plusvalía”). Este fallo significa que numerosos contribuyentes de este impuesto no tendrán que pagar en el futuro, o podrán recuperar el dinero desembolsado en los últimos cuatro años, en aquellos casos de que la compra-venta, herencias o donaciones de un inmueble haya sido por un importe inferior a su valor anterior. Lo que viene a reconocer el TC es que en España ha venido aplicándose una injusta legislación fiscal según la cual estábamos obligados a pagar con ocasión de la transmisión de un terreno urbano o constitución de derecho real de disfrute (usufructo), tanto si había beneficio como si no.

Esta situación, prolongada hasta el día de hoy por mantenerse en vigor la Ley afectada por la Sentencia del TC, constituye una injusticia evidente, especialmente para muchas familias que en los últimos años se han visto obligados a vender sus viviendas (en muchos casos como consecuencia de dificultades económicas sobrevenidas) muchas veces sin obtener ganancia en la transacción, incluso con pérdidas, y aun así han tenido que afrontar el pago de la “plusvalía municipal“.

Según los datos del INE en la Comunidad de Madrid ha habido una depreciación del valor de la vivienda, de 2007 a 2013, del 46,8%. Desde 2013 ha habido una ligera recuperación que no compensa las pérdidas de valor inmobiliario, que siguen siendo del 37,49%. Estos datos dan una idea de la especial trascendencia de la sentencia.

QUIEN DEBE DEVOLVER LO COBRADO IRREGULARMENTE

Es un aspecto importante a aclarar. Aparentemente serán los ayuntamientos de todo el país los que tendrán que hacer frente a la devolución de un impuesto cobrado a pesar de que no hubo incremento patrimonial en la transmisión. Los  ayuntamientos cobraron, los ayuntamientos tendrán que devolver. Sin embargo cada día aumentan las demandas municipales para que las consecuencias económicas no se carguen sobre unas instituciones que nada tuvieron que ver con la redacción de una Ley general que les fue impuesta, y que ahora el TC considera parcialmente inconstitucional.

La Ley de Haciendas Locales es la norma que regula los impuestos que pueden aplicar los ayuntamientos. Sus contenidos no pueden ser alterados o modificados por las instituciones locales, que en el mejor de los casos se limitan a aplicar las tarifas, gravámenes y bonificaciones que la Ley les ofrece, ya acotadas previamente. No son, por lo tanto, los ayuntamientos los responsables de una norma de la que sólo son “usuarios institucionales“. Corresponde a la Administración Central, al Estado, la responsabilidad de la norma y, consecuentemente, de los efectos económicos que produzca su posible inconstitucionalidad.

Este aspecto, sobre la Administración que deberá afrontar las consecuencias económicas de las devoluciones de plusvalías es especialmente crítico para los Ayuntamientos. En muchos casos los ingresos por “plusvalía” alcanzan altos porcentajes en los ingresos municipales. En Velilla de San Antonio, con un presupuesto de poco más de 9 millones de euros, los ingresos por “plusvalía” alcanzan los 600.000 euros anuales. Si tenemos en cuenta que un porcentaje importante pueden ser objeto de devolución, y que la cantidad hay que multiplicarla por los 4 últimos años reclamables, el volumen a resolver supondría un colapso financiero en Velilla y en la mayoría de los municipios de nuestro país. En el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la estimación de liquidaciones a devolver alcanzan los 9,3 millones desde 2011.

Por eso muchos municipios exigen que el Gobierno habilite un Fondo Estatal para compensar a los Ayuntamientos por los gastos de devoluciones de las liquidaciones abonadas en casos de transmisiones sin ganancia. Esta sería una solución justa y además todo indica que tendrá que aplicarse o podríamos entrar en un escenario generalizado de bancarrotas municipales.

¿COMO Y CUANDO PROBAR QUE SE HA PRODUCIDO EL INCREMENTO DEL VALOR DEL TERRENO?

El TC dice en su sentencia que “la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador“. Esto significa que hasta que no haya una norma que regule y aclare que documentos pueden demostrar una tributación irregular, los contribuyentes están en una situación de indefensión jurídica. Ni siquiera está claro que las simples escrituras de compra venta sean suficientes para probar que se ha vendido en pérdidas.

Toda esta incertidumbre se tendrá que despejar mediante una nueva regulación del impuesto y también de los procedimientos de aplicación de la Sentencia. Ambos aspectos están pendientes de que la Administración Central los aborde. Y son importantes, porque una reclamación ante un Ayuntamiento en estos momentos, y en el estado actual de inseguridad jurídica, podría deparar un rechazo por cuestiones de forma o por interpretaciones diversas en según que ayuntamientos y, en ese caso, el contribuyente tendría que recurrir a la vía del recurso contencioso-administrativo (procurador, abogado …con desembolsos importantes). En cualquier caso parece lógico pensar que los contribuyentes habrán de presentar junto con la declaración del impuesto abonado, al menos las escrituras de transmisión y adquisición. No parece que haya que recurrir a una nueva tasación, lo que sería un abuso sobre una parte que no tiene responsabilidad. Según los expertos la nueva regulación seguirá los pasos de las adaptaciones que ya han tenido que hacer en los Decretos Forales aprobados en Guipúzcoa y Álava, para dar cumplimiento a sentencias similares

Lo que si queda claro para el futuro es que los ayuntamientos no pueden seguir emitiendo liquidaciones de plusvalía sin confirmar previamente el incremento del valor del terreno. La modificación de la Ley de Haciendas Locales que tiene que abordar el Gobierno así lo tendrá que recoger.

LA SITUACIÓN EN VELILLA

En nuestra localidad la situación es de espera, como en la mayoría de los municipios, mientras el Gobierno Central apruebe una nueva regulación del impuesto (los artículos afectados de la Ley de Haciendas Locales) y una norma para la aplicación de la Sentencia. Mientras tanto es difícil prever plazos, pruebas, procedimientos …y, por supuesto, aclarar que administración se hará cargo del esfuerzo económico de las devoluciones que seguramente corresponderá en primera instancia hacer a los ayuntamientos. Lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Velilla, según informaron en el pleno del 28 de junio de 2017, es dejar sin efecto por el momento las liquidaciones que se presentan en aquellas transacciones en las que los contribuyentes advierten de que podría haber una merma patrimonial en la operación.

En nuestra localidad los ingresos municipales por el Impuesto por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (pulsvalía) alcanzaban en 2016 unos 600.ooo euros, el 6,4 del total de los ingresos municipales. La cantidad a devolver en su momento por la aplicación de la Ley de Haciendas Locales en Velilla no se conoce, pero una estimación a la baja, de tan sólo un 40% del total de los ingresos por este concepto, arrojaría una devolución total de unos 960.000 euros desde 2011. Es decir el equivalente a la suma de los presupuestos destinados en 2017 a: Escuela de Música, piscina municipal, limpieza de colegios, escuela infantil, biblioteca, Tercera Edad y Protección Civil. Se trata de una merma económica importante, como lo es para cualquier otro municipio.

En nuestra opinión los afectados deberán ir preparando la documentación que pruebe que las transmisiones sin ganancia, asesorándose adecuadamente conforme se vayan publicando las nuevas normas que desarrollarán la sentencia del TC. En este sentido el Ayuntamiento deberá informar progresivamente a los vecinos y vecinas de las novedades que vayan apareciendo, poniendo la OMIC al servicio de los afectados para asesorarles adecuadamente.

NUESTRA OPINIÓN

A pesar de tener que atender servicios básicos de los ciudadanos, muchas veces ignorados por otras administraciones, los ayuntamientos carecen de margen para articular una financiación propia y justa. La situación actual es de inseguridad jurídica para los ayuntamientos. Hace muchos años que los diversos gobiernos centrales han anunciado una reforma de la financiación local. Las incertidumbres generadas por la sentencia del TC debería servir para poner al día una nueva legislación que garantice una financiación justa, con la implicación y participación de los ayuntamientos, y no a espaldas de ellos, como se ha hecho hasta ahora.

Al igual que se ha hecho en otros municipios, el asunto de las devoluciones de las “plusvalías” debería ser abordado desde una declaración institucional de todos los grupos, evitando utilizar la sentencia para batallas políticas, usando a los contribuyentes como pólvora propicia. Así debería ser aunque sólo sea por las potenciales consecuencias que podría tener para los servicios que actualmente reciben los vecinos y vecinas de Velilla. Defender estos servicios y los presupuestos municipales que los soportan, y hacerlo de manera paralela al derecho que tienen los contribuyentes afectados a que les devuelvan lo cobrado irregularmente, es posible y es lo justo. Es lo que afirmábamos en la intervención de nuestra concejala, Alicia Martínez, en el pleno del pasado 28 de junio de 2017:

El pasado 17 de febrero el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales determinados artículos de la Ley estatal de Haciendas Locales, en concreto aquellas que regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Lo que llamamos “Plusvalía”. La sentencia del Constitucional anularía exclusivamente los impuestos cobrados en transacciones de suelos o inmuebles por valores inferiores a los que anteriormente tenía. Es decir, cuando no ha habido aumento del valor del inmueble. Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un contencioso de Donostia-San Sebastián, es previsible que próximamente el órgano de garantías constitucionales se pronuncie en términos similares sobre otros recursos similares, procedentes de otros municipios españoles.
La aplicación de esta sentencia requiere de concretar el procedimiento y documentación que pueda determinar que se ha producido una pérdida patrimonial en la transmisión inmobiliaria. Aunque haya casos evidentes, aun no está normalizada la prueba que acredite la viabilidad de la reclamación que tendrá que hacer el contribuyente, y este es uno de los aspectos pendientes de aclarar por el legislador para dar seguridad jurídica a los afectados. De otra forma, el trámite de reclamaciones puede ser una trampa larga y gravosa ante los tribunales. Así que la aplicación de la sentencia aun tiene un largo recorrido.
Queremos llamar la atención sobre que esta moción, ni la que presentan IUCM-Los Verdes y el concejal Carlos Cermeño, mencionan el origen institucional de este problema. La Ley de Haciendas Locales no se aprobó en los Ayuntamientos, es una Ley estatal, impuesta a los municipios para indicarles que impuestos puede crear, que regulación debe aplicar y que límites tarifarios y de gravamen pueden cobrar. Ahora que el T. Constitucional señala la chapuza normativa que se venía aplicando conviene recordar que los ayuntamientos no son los “responsables” de esa regulación. Por eso echamos en falta que las mociones no reclamen que los costes de estas devoluciones se carguen sobre el Estado y no sobre las instituciones locales que tienen que atender servicios básicos de los vecinos, a pesar de tener atadas las manos de la financiación por la Ley Montoro, como es el caso de Velilla.
En nuestra opinión el Ayuntamiento de Velilla debería exigir, a través de la Federación Madrileña de Municipios, que las cargas económicas que suponga esta sentencia se afronten desde los Presupuestos del Estado. También debería explicar a las personas que residen en Velilla de San Antonio lo que representa la sentencia, el procedimiento para reclamar, cuando, documentación a aportar, etc. Además de los medios telemáticos, el Ayuntamiento de Velilla debe poner los servicios de la OMIC al servicio de esta campaña de información y de asesoramiento.


Más información:

Publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (BOE del 15-6-2017)
Actual Ley de Haciendas Locales (la “Plusvalía” afecta a los artículos 104 a 110)
Guía práctica sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 (Defensor del Pueblo Andalucía)
La FEMP plantea una reforma integral del impuesto
Miles de familias no podrán recuperar las plusvalías ya pagadas aunque no hubiera lucro (16-12-2017)